Violando las condiciones de su concesión, la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, comercialmente conocida como Playaparq, ha dejado de hacer públicos los ingresos generados por el uso de los parquímetros en Playa del Carmen desde noviembre de 2023.
En su página oficial es evidente esta omisión, un hecho que ha sido comunicado a las autoridades municipales, quienes han emitido los llamados correspondientes sin que la empresa responda. Playaparq tampoco ha entregado las claves de los parquímetros que permitirían a las autoridades corroborar los ingresos obtenidos y compararlos con las declaraciones de la empresa, tal como lo establece la concesión.
Además, la empresa no ha habilitado los 25 espacios de estacionamiento solicitados por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, alegando que el servicio es gratuito para quienes poseen placas inclusivas. Sin embargo, ya se le ha explicado a Playaparq que estos espacios deben estar ubicados en zonas estratégicas, como cerca de edificios públicos o centros comerciales, para facilitar la movilidad de estas personas.
El Reglamento para el Servicio de Estacionamiento Público en las Vías de Circulación del Municipio de Solidaridad, en su artículo noveno, párrafo IV, establece que la Tesorería debe conciliar mensualmente con Playaparq los ingresos generados por el cobro de estacionamiento público. No obstante, a diferencia de años anteriores, en los que la empresa informó regularmente sobre los montos percibidos, hasta octubre de 2023, cuando se reportó un ingreso de 1 millón 103 mil 136 pesos por el uso de parquímetros y multas, la empresa dejó de transparentar sus cifras.
Cabe recordar que el gerente general de Playaparq, Diego Grácidas, ha tenido enfrentamientos con miembros del Cabildo de Solidaridad, quienes han solicitado que la empresa deje de colocar dispositivos inmovilizadores de vehículos, conocidos como “arañas”.
A pesar de los reiterados llamados del cuerpo edilicio para transparentar los ingresos, Playaparq ha hecho caso omiso. La empresa también tuvo fricciones con las autoridades municipales cuando ciudadanos denunciaron la negativa de la empresa a entregar el tarjetón de residente, que exime del pago a quienes viven dentro del área de influencia de los parquímetros.
El artículo 8 del reglamento, en su párrafo VIII, obliga a la dependencia de Seguridad Pública y Tránsito a supervisar y autorizar las solicitudes de los residentes para obtener el tarjetón correspondiente. Ante esta situación, la Comisión Edilicia de Movilidad intervino, modificando varios artículos del reglamento y asignando a la Dirección de Supervisión de Movilidad la responsabilidad de autorizar los tarjetones para residentes.
Playaparq tiene una concesión de 15 años para operar los parquímetros, de los cuales ya ha transcurrido una tercera parte. Durante la última sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, celebrada el 27 de agosto, el décimo tercer regidor, Marciano Toledo Sánchez, acusó a la empresa de ignorar las propuestas de dicha Comisión, advirtiendo que Playaparq busca aprovechar lo que queda del actual gobierno para seguir operando sin atender a las regulaciones establecidas.
