Javier Tun Jiménez señala al coordinador de jueces penales, Manuel David Montoya Absalón, por supuestamente influir en resoluciones judiciales. Afirma que presentó quejas ante el Tribunal de Disciplina y pide que el Poder Judicial revise los casos.
Playa del Carmen, Quintana Roo.— La impartición de justicia penal en Playa del Carmen quedó bajo cuestionamiento luego de que el abogado litigante Javier Tun Jiménez denunciara presuntas irregularidades dentro de los juzgados y acusara al coordinador de jueces penales, Manuel David Montoya Absalón, de ejercer una supuesta influencia sobre las decisiones judiciales.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el abogado sostuvo que el funcionario presuntamente daría instrucciones a otros juzgadores sobre el sentido de determinadas resoluciones, una práctica que, de comprobarse, pondría en entredicho la independencia judicial y la imparcialidad que debe prevalecer en los procesos penales.
En sus declaraciones, Tun Jiménez también mencionó al juez de juicio oral Hugo Uribe Nicolás y a la jueza de control Shadon Jiménez Muñoz, a quienes vinculó con los hechos que expuso públicamente.
El litigante aseguró que presentó quejas contra funcionarios judiciales ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Quintana Roo. Sin embargo, durante la entrevista no se dieron a conocer públicamente los documentos ni el estado procesal de esas inconformidades.
Señala posibles afectaciones a víctimas
Entre las principales preocupaciones expuestas por el abogado se encuentran los litigios relacionados con propiedades, en los que, según su versión, podrían existir documentos o firmas presuntamente falsificados, así como posibles irregularidades en operaciones inmobiliarias.
Tun Jiménez cuestionó que una persona que considera vulnerados sus derechos tenga que invertir tiempo y recursos en un proceso judicial para después sospechar que la resolución pudo estar condicionada por intereses ajenos a la ley.
El abogado también hizo señalamientos sobre posibles vínculos entre actores del ámbito inmobiliario y funcionarios judiciales. Estas acusaciones, al igual que las relacionadas con el supuesto condicionamiento de resoluciones, requieren ser investigadas y corroboradas por las autoridades competentes.
La relevancia del caso radica en que cualquier posible intervención indebida en un procedimiento judicial puede afectar no solamente a las partes involucradas, sino también la confianza ciudadana en las instituciones responsables de impartir justicia.
Pide revisar el desempeño de los juzgadores
El litigante solicitó la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, para que se revisen las condiciones en las que operan los juzgados penales de Playa del Carmen y se atiendan los señalamientos presentados.
Asimismo, pidió que el Tribunal de Disciplina analice las quejas y determine si existen elementos para iniciar o continuar procedimientos conforme a sus atribuciones.
Tun Jiménez afirmó que cuenta con pruebas para respaldar sus acusaciones y adelantó que buscará dar a conocer nuevos elementos en las próximas semanas. Hasta ahora, el material referido no ha sido expuesto públicamente de manera que permita verificar de forma independiente el alcance de sus afirmaciones.
Llaman a denunciar posibles irregularidades
El abogado exhortó a otros litigantes y ciudadanos que consideren haber enfrentado situaciones similares a presentar sus denuncias por las vías institucionales. A su juicio, el silencio dificulta que las autoridades conozcan los posibles abusos y actúen en consecuencia.
También insistió en que los servidores públicos deben estar sujetos a vigilancia y rendición de cuentas, particularmente cuando sus decisiones pueden afectar la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas.
Los señalamientos planteados abren interrogantes que requieren respuestas institucionales: ¿se investigarán las quejas?, ¿se revisarán las pruebas que el abogado afirma tener?, ¿qué mecanismos existen para garantizar que los jueces resuelvan sin presiones?
Hasta el cierre de esta información, no se contaba con una postura de los funcionarios mencionados sobre las acusaciones expuestas durante la entrevista.
La investigación y el esclarecimiento de los hechos serán fundamentales para determinar si existieron conductas irregulares. Si se acreditan responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones correspondientes; mientras tanto, las acusaciones deben tratarse como señalamientos y respetarse la presunción de inocencia.
La exigencia de fondo es que la justicia en Playa del Carmen opere sin privilegios, presiones ni intereses particulares, y que toda denuncia de posibles actos de corrupción sea atendida con seriedad y transparencia.
