Diversos sectores de Solidaridad han intensificado su demanda para que se cancele la concesión de parquímetros en Playa del Carmen, argumentando que el contrato se otorgó con irregularidades y en condiciones desfavorables para ciudadanos y turistas.
El esquema ha sido objeto de fuertes críticas por su opacidad, pues se aprobó sin consulta ciudadana y en sesiones cerradas. Durante la pandemia, los recursos legales promovidos por los sectores afectados fueron desechados, dejando a la población sin vías para impugnar el contrato.
Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Comisión de Turismo y coordinador del sureste de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER), reiteró la necesidad de revocar la concesión, tachándola de corrupta y dañina para Solidaridad. “No podemos permitir concesiones con origen turbio”, sostuvo.
Los inconformes consideran que, bajo la visión del gobierno de Claudia Sheinbaum, la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal Estefanía Mercado, es el momento propicio para anular el contrato y devolver el control del espacio público a la ciudadanía.
Asimismo, han señalado posibles conflictos de interés en la adjudicación del contrato durante la pasada administración estatal, lo que refuerza su llamado a una revisión urgente y a la intervención de las autoridades correspondientes.
