La situación jurídica de Laura Fernández Piña, excandidata a la gubernatura de Quintana Roo y exalcaldesa de Puerto Morelos, ha dado un giro drástico. Un juez de control con sede en Chetumal giró una orden de aprehensión en su contra por presunta malversación de fondos públicos.
De acuerdo con información confirmada, Fernández Piña interpuso un amparo indirecto para evitar su detención, logrando una suspensión provisional tras el pago de una fianza de 127 mil pesos, lo que le permite enfrentar el proceso penal en libertad mientras se resuelve el juicio de amparo.
Las acusaciones no son menores: enfrenta una inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos, derivada del presunto desvío de más de 71 millones de pesos durante su gestión como presidenta municipal de Puerto Morelos. El caso está relacionado con la retención indebida de aportaciones destinadas al retiro de trabajadores del Ayuntamiento, lo que generó un conflicto legal con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Fuentes cercanas al caso señalaron que hasta hace un mes, Fernández Piña tenía registrada solo una propiedad a su nombre, ubicada en Cancún, la cual hasta el momento no ha sido asegurada judicialmente.
Este caso, que pasó del ámbito administrativo al penal, representa un precedente importante en el combate a la corrupción dentro de los gobiernos municipales de Quintana Roo. Hasta ahora, ni la Fiscalía General del Estado ni la defensa de la exfuncionaria han emitido declaraciones oficiales sobre la orden de aprehensión.
La opinión pública y medios de comunicación permanecen atentos al desenlace de un proceso que podría sacudir los cimientos de la política local.
