La concesionaria Playaparq, dueña de calles públicas en Playa del Carmen, ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía debido a la falta de transparencia en el manejo de los recursos que recauda por el uso de la vía pública. Además, se señala que la concesión fue otorgada por intereses políticos.
La entrega de concesiones en áreas públicas debió realizarse de manera transparente, principalmente bajo consenso ciudadano, y los recursos públicos generados debieron destinarse a causas justificadas. Sin embargo, este proceso no ha funcionado correctamente.
Según el abogado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, los parquímetros en Playa del Carmen aportan beneficios como ordenar y regular el estacionamiento en zonas específicas, contribuyendo a la movilidad urbana y a la seguridad en la ciudad.
En entrevista, Cruz Navarro mencionó que los residentes de la ciudad pueden solicitar una autorización para exentar el pago de parquímetros. Este permiso tiene una vigencia de un año a partir de su otorgamiento.
El abogado subrayó que el verdadero problema no son los parquímetros, sino la falta de un sistema de transporte público eficiente que permita una adecuada movilidad para los ciudadanos. “Debemos recordar que la movilidad es la capacidad de moverse libremente”, enfatizó.
Cruz Navarro también señaló que la movilidad a través del transporte público es una necesidad básica para que las personas puedan acceder a bienes y servicios. Añadió que el transporte público es el medio mediante el cual el Estado debe garantizar el derecho de sus habitantes a desplazarse, especialmente en entornos dispersos.
“Si el Municipio y el Estado continúan permitiendo que las rutas de transporte queden a criterio del sindicato de taxistas y de TUCSA, y no lanzan una licitación para un sistema de transporte urbano y suburbano con rutas fijas y autobuses, la población seguirá padeciendo la falta de movilidad”, afirmó.
Finalmente, subrayó que la movilidad es un derecho humano que debería estar garantizado por el Gobierno, ya sea proporcionado directamente o concesionado a empresas privadas con la capacidad operativa y financiera para ofrecer un servicio suficiente y eficiente, digno para los solidarenses.
