El 18 de mayo de 2015, un grupo de empresarios encabezado por Gerardo Valadez Victorio, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), y ambientalistas liderados por Guadalupe De la Rosa Villalva, presidenta del Movimiento Ciudadano Ecologista Yax Cuxtal, lanzó una petición ciudadana a través de la plataforma Change.org. La solicitud pedía que no se autorizara la operación del Muelle Ultramar en Playa del Carmen, debido al impacto ambiental que tendría sobre el arrecife Jardines, ubicado a apenas 80 metros de la construcción.
Esta petición surgió en medio de denuncias de corrupción que señalaban que Ultramar había violado normas ambientales para erigir el muelle, confiando en que el tiempo haría olvidar las irregularidades. Sin embargo, casi una década después, Ultramar vuelve a la carga, ahora buscando demoler el muelle, no para corregir el daño, sino para construir uno más grande, lo que representa un peligro aún mayor para los arrecifes y una zona frecuentada por buzos para el nado con tiburones.
Dos figuras clave en la defensa de estos espacios, José Gómez Burgos, secretario general de la cooperativa turística Mar Caribe, y Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Comisión de Turismo de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales, recordaron las condiciones en que se permitió la construcción inicial del muelle y los graves riesgos que representa la autorización de un nuevo proyecto.
“La construcción original fue frenada por su impacto sobre dos arrecifes, Shangrilá y Jardines, que son clave para el turismo de buceo. El nuevo proyecto pondría en peligro estos ecosistemas, y no hemos visto ningún cambio en las condiciones ambientales que justifiquen su autorización”, señaló Gómez Burgos. Además, denunció que la estructura actual contribuye al problema del sargazo, agravando la situación ecológica en la zona.
Por su parte, Amaro Betancourt calificó el muelle como una “deuda histórica negativa” para Playa del Carmen, y alertó sobre las posibles consecuencias de su expansión. “En su origen, este muelle fue construido de manera ilegal en una playa pública, lo que contraviene el espíritu turístico de la Riviera Maya. No podemos permitir que lo amplíen”, advirtió.
La comunidad sigue alerta, dispuesta a revisar el expediente y a retomar las acciones legales para evitar que se consuma un nuevo atropello ambiental en una de las zonas más emblemáticas de Playa del Carmen.
