Con el objetivo de evitar la revictimización de quienes han sido afectados por el robo de un vehículo, la regidora Danna Ramírez Saldaña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo de Playa del Carmen, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, a fin de que los propietarios o legítimos poseedores de unidades recuperadas por las autoridades no tengan que pagar por su devolución.
La propuesta plantea que los vehículos robados y posteriormente recuperados sean entregados a sus dueños sin que se les cobre por conceptos como arrastre, salvamento, maniobras, depósito, guarda, custodia o liberación vehicular.
La regidora explicó que la iniciativa surge a partir de diversas peticiones ciudadanas y busca establecer un modelo de atención más justo, humano y congruente con los derechos de las víctimas.
“La recuperación de un vehículo robado no debe convertirse en un castigo económico adicional para quien ya sufrió la comisión de un delito”, señaló.
Ramírez Saldaña destacó que, en la práctica, muchas personas enfrentan una nueva carga financiera al momento de recuperar sus vehículos, ya que deben cubrir costos por servicios que nunca solicitaron, como grúas, maniobras o estancia en el corralón.
Subrayó que estas erogaciones resultan injustas, pues el traslado y resguardo de la unidad son consecuencia directa de las investigaciones realizadas por las autoridades tras la comisión del delito, y no por decisión del propietario.
Asimismo, afirmó que la iniciativa busca impedir la revictimización institucional, ya que actualmente las personas afectadas deben enfrentar trámites, demoras y pagos para recuperar un bien que fue asegurado como parte de un proceso de investigación.
“La intervención de las autoridades debe contribuir a restituir los derechos de las víctimas, reducir las consecuencias del delito y no generar nuevas cargas económicas o administrativas”, enfatizó.
La propuesta seguirá el procedimiento legislativo correspondiente en el Cabildo de Playa del Carmen y, en caso de ser aprobada, será remitida al Congreso del Estado de Quintana Roo para su análisis y eventual discusión.
